En plena era de la información, cuando el internet es un recurso indispensable del que dependen otros derechos, los estudiantes de la UNSAAC han declarado una “huelga virtual”. Exigen que la universidad les preste condiciones básicas de conectividad, un bono de internet, que les permita seguir estudiando cuando todas las clases se dictan por medios virtuales debido al coronavirus. Hicieron también una demostración callejera pacífica, observando las medidas sanitarias. Hasta ahora la respuesta que han recibido ha sido la falta de atención de las autoridades universitarias y una violenta represión: ocho estudiantes detenidos, varios en Seguridad del Estado donde la policía procesa a los reos más peligrosos para la existencia del orden político del país.

Esta es una muestra lamentable de que las instituciones públicas y la misma Universidad están infectadas con un concepto devaluado acerca de los estudiantes y de sus reclamos, y con un arquetipo ideológico arcaico que les impide adaptarse a las exigencias básicas de nuestra era.

Hoy el mundo es inconcebible sin el acceso a las nuevas tecnologías. Por eso el propio Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido que el acceso a Internet es un derecho humano básico y ha precisado que el Estado debe eliminar las barreras sociales que vulneran su acceso (Resolución HRC/32/L.20 de “promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”).

Esta norma marca el sentido común contemporáneo, el derecho a internet tiene un carácter social por lo que debe implementarse con prestaciones públicas, más cuando de éste depende el derecho a la educación. Es un arcaísmo considerar que cada persona, sin asistencia pública, debe estar a cargo de proveerse de internet, más bien éste es un servicio universal que las instituciones del Estado deben garantizar por medio de la inversión (pública y privada) y de políticas sociales y educativas.

Sin embargo, muchas personas no tienen acceso a internet debido a sus condiciones sociales y económicas. Estos días han sido conmovedoras las imágenes de niños de las comunidades rurales que no disponen de una simple radio, o que tienen que caminar kilómetros hasta encontrar un lugar donde llegue la señal con claridad, para escuchar sus clases. Una buena parte de estudiantes universitarios viven en comunidades campesinas indígenas, son parte de los sectores vulnerables en las ciudades, y sufren similares condiciones, agravadas con que para recibir sus asignaturas solo cuentan con precarios teléfonos celulares. Son inconcebibles en democracia estudiantes sin acceso a medios elementales como una computadora, una radio o una señal de internet que les permitan estudiar.

En este contexto injusto, a la universidad le corresponde liderar un proceso social para superar las brechas informáticas, facilitar y ampliar el acceso a Internet, en el que deberían estar incluidos ministerios y direcciones regionales de transporte y comunicaciones, el gobierno regional y las municipalidades. No hacerlo es desconocer un derecho humano.

Y la negligencia puede ser peor, incluso un delito, cuando teniendo los dispositivos que reconocen la autonomía universitaria (ley 30220), presupuestos públicos asignados y una norma que autoriza “a las Universidades Públicas a efectuar la contratación de servicios de internet, así como la adquisición de dispositivos informáticos y/o electrónicos” (D. Leg. 1465), las autoridades no implementan estos mandatos.