El tenebroso Coronavirus amenaza con engullirnos. La respuesta del Estado frente al peligro se ha concentrado en la declaración de emergencia, el toque de queda, la acción de la policía y el ejército a las calles. El mandato es que todos nos quedemos en casa. Esto es imprescindible, pero es insuficiente.

Faltan medidas sociales y económicas que contribuyan a ganar esta lucha. La economía de todo el país (y del mundo) se viene deteniendo y es probable que la crisis que viene cobre más vidas que el propio Covid19, alentada por 30 años en los que, siguiendo el dogma neoliberal, los servicios públicos -y más la salud- han sido abandonados, desfinanciados y entregados a la voracidad egoísta de los inversionistas privados.

Los bálsamos anunciados por el gobierno: 380 soles (aumentados a 760) para las personas “más vulnerables”, el apoyo alimentario a distribuir por las municipalidades, el retiro de parte de la CTS de los trabajadores, son un pequeño calmante que servirá solo por un corto tiempo. Se parecen a una aspirina que se le da a alguien que va a ser atropellado por un camión. De estas medidas está excluida la clase media, en riesgo de engrosar las estadísticas de la pobreza.

La crisis humanitaria que recién empieza requiere de respuestas políticas, económicas y sociales más amplias, coherentes para salvar la vida y preservar la salud de todos los ciudadanos. Pero, ante esta urgencia, la mayor parte de autoridades del Estado no están haciendo bien su trabajo o se muestran incompetentes para cumplir con sus obligaciones.

Los ministerios capitalinos, donde cunden los sueldos jugosos de consultores (generalmente ignorantes de la realidad de las regiones y provincias), deberían ya haber diseñado programas de actuación para enfrentar los peligros colosales que se observan en el horizonte de la patria. Sin embargo, hasta ahora sus funcionarios no comunican cuáles serán las políticas para detener el crecimiento de la pobreza, la pérdida de puestos de trabajo, la crisis del agro, y el colapso casi total del turismo. A lo más se han concentrado en dar las facilidades para que la gran inversión no pierda fuelle y que las empresas mineras y de hidrocarburos no se detengan.

Esto último está bien, pocos quieren que sus actividades se paren de golpe. Pero, no solo debería importar la gran producción, sino que deben preocupar los ciudadanos de a pie, sus vidas y necesidades cotidianas. La actuación del Estado debería considerar la economía de cada día de las familias, más todavía cuando alrededor del 70% de los trabajadores del Perú son informales, y de este grupo la mayoría son mujeres, que se buscan la vida todos los días vendiendo y trapicheando como puedan.

El Estado debe sobreponerse a su raquitismo y para esto tiene que apoyarse en los ciudadanos y sus organizaciones de base. Sindicatos, asociaciones populares, clubes de madres, comunidades y rondas campesinas, federaciones de estudiantes, pueblos olvidados y sus pequeños municipios deben de tomar al virus por las astas allá donde puedan. Si el Estado no es capaz de prestar los servicios básicos de salud, seguridad, educación, si las autoridades se muestran tímidas e insuficientes frente a lo que se nos viene, son las organizaciones de base las que deben proteger la vida.

El pueblo tiene que recuperar su soberanía, ejercer su poder legítimo, ampliar la democracia y la descentralización de acuerdo a sus necesidades e intereses. Los ciudadanos deben controlar la acción del Estado y actuar contra aquellos individuos descuidados de la solidaridad y el civismo que no cumplen con las medidas sanitarias. En esto, ahora, se nos va la vida. En cada espacio la enfermedad, la muerte y sus colaboradores están al acecho.