La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en uno de los actos más reprochables de su historia reciente, decidió el 2016 otorgar el grado de Doctor Honoris Causa al hoy procesado por corrupción Pedro Pablo Kuczynski. En junio de ese año, el rector, los vice rectores, los decanos y hasta el presidente de la FUC, reunidos en el Consejo Universitario, concedieron la más alta distinción académica a un personaje perverso en la política y la economía peruana. Y lo hicieron saltándose procedimientos legales establecidos. 

De acuerdo a acta, su otorgamiento no consideró argumentos académicos sino razones nimias, vanidosas y chaqueteras, por decir lo menos. Las autoridades universitarias buscaban adular al recientemente elegido presidente de la república esperando alguna consideración oportunista para la solución de la “problemática de la universidad, la homologación y (…) las sentencias judiciales de los profesores jubilados”.

Fue el ex rector de la UNSAAC, suspendido de sus funciones por la Contraloría de la República por incumplir sus obligaciones legales en la designación de funcionarios, quien propuso al Consejo Universitario su otorgamiento. En este caso la nominación de PPK quebrantó también el debido proceso administrativo. Fue un doctorado honoris causa exprés, en un solo acto, ilegal.

Como lo reconoció entonces el Vicerector de investigación, la nominación Honoris Causa tiene que ser propuesta primero por un departamento académico, luego aprobada por la junta de docentes, el Consejo de Facultad y finalmente resuelta por el Consejo Universitario. Ninguno de estos procedimientos fue respetado.

Decisiones como ésta avergüenzan al Cusco, a toda la región, e incluso al país entero. Cualquier criterio mínimamente racional aconseja que una universidad de la antigüedad y trascendencia social de la UNSAAC no debe otorgar distinciones académicas sin fundamento. Por el contrario, éstas deben estar reservadas a personas que han contribuido de manera trascendente al desarrollo del conocimiento, la cultura, y con un currículo de masivo reconocimiento ciudadano.

Dichas características no son, precisamente, propias de PPK. Desde hace mucho estuvo inmiscuido en trapicheos con nuestros recursos naturales a favor de empresas extranjeras. En abril de 2019 el juzgado nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios le impuso 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos, que viene cumpliendo como detención domiciliaria en atención a su edad. Se le culpa de haber integrado la trama mafiosa de Odebrecht en obras como la carretera interoceánica por la cual el ex presidente Alejandro Toledo habría recibido un soborno de 20 millones de dólares.

Errores graves como este deben ser anulados por el Consejo Universitario, a riesgo de someterse a investigación penal en caso de no hacerlo.