El lunes le sorprendió la muerte y es muy probable que, en ese momento, Julio Quintanilla Loaiza estuviera planeando la mejor manera de actuar en la defensa de alguna causa popular. Fue un sobresaliente abogado de causas justas que se movía impulsado por la convicción de que los seres humanos hemos venido a este mundo para ser felices y que nadie tiene el derecho de robarnos esa felicidad. Además de que el ejercicio de la abogacía tiene que desarrollar las intenciones sanas del Derecho para ponerse al lado de quienes más justicia necesitan.

En los tiempos que corren, atiborrados de egoísmo y de individualismo extremo, características del mundo neoliberal, son pocas las personas que se dedican, con la potencia y desprendimiento que Julio Quintanilla Loayza lo hizo, a la defensa judicial de asociaciones, sindicatos, estudiantes, gente pobre que, frente a los abusos del poder, no tiene a dónde recurrir sino solo a llorar y a resignarse.

Para aquellas víctimas del poder hay pocos defensores porque tenemos una educación legal en crisis que produce abogados a quienes no les importa qué intereses promueven. Muchos letrados están dispuestos, a manera de “sicarios del derecho” a defender cualquier causa a cambio de algún dinero, sin ninguna consideración ética.

Por el contrario, y de manera acertada, el ejercicio socialmente responsable del Derecho rechaza entender a la abogacía como una profesión moralmente neutral y únicamente técnica. La abogacía debe abandonar la justificación de la defensa indiscriminada, sin importar el medio, e independiente de las convicciones morales, sociales y personales, de los jurisconsultos.

Porque el ejercicio de la profesión legal puede ser también una acción política que quiebre los mecanismos de dominación. Vivimos en medio de grandes diferencias económicas y culturales que producen un déficit en la administración de justicia. Los grupos sociales sin poder no logran acceder eficazmente a las instituciones del Estado para alcanzar decisiones justas o al menos ser escuchados. Debido a esta realidad lamentable, actos injustos, incluso delitos, muchas veces no son considerados juzgables por el Estado si se cometen en contra de alguna persona o grupo con las características de los expulsados del contrato social.

En este medio, la abogacía por la justicia social despliega su potencial político cuando defiende la igualdad y la libertad para todos, cuando convierte al Derecho en un arma de liberación. El litigio debe ser transformador y servir para el cambio social orientado, por decir algunas, a causas de derechos humanos, a la lucha contra la pobreza, la defensa del medio ambiente, los derechos laborales, los derechos de los niños y las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, la defensa de los despojados y contra la opresión del centralismo.

Esas eran las ideas que inspiraban la acción cotidiana de Julio Quintanilla Loaiza, defensor de débiles, pobres y desposeídos, quien actuaba convencido de que el Derecho es un medio para la construcción de una sociedad justa y que la abogacía es una profesión al servicio de nuestros pueblos, una función de servicio público.