Cuando la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco comenzó a recibir los fondos del Canon gasífero, hace ya más de diez años, una de las primeras ocurrencias de las autoridades fue erigir un kilométrico cerco de cinco metros de altura para encerrar su perímetro. Esta colosal reja de metal -que costó millones de un fondo que debía servir para la investigación, la publicación de libros, y el financiamiento de becas- fue continuación de una tendencia histórica perversa: el divorcio entre la universidad y los intereses del pueblo.

Ahora, ese alejamiento se hace más grande. La jerarquía burocrática no logra aún satisfacer una demanda justa: educación universitaria de calidad.

En el Perú la educación ha sido casi siempre un derecho ignorado. Fundada la República, las oligarquías temieron que las clases populares se educaran por que podían disputarles su poder y dominio. Así, a principios del siglo XX la mayoría de peruanos no sabían leer ni escribir. Y, hasta la mitad de ese siglo accedían a la universidad solo los hijos de familias acomodadas.

Sin embargo, gracias a las luchas populares y del movimiento estudiantil del siglo XX, se logró que la universidad abriera sus puertas a una porción importante de jóvenes de las clases trabajadoras, de origen rural e indígena.

Pero ahora la universidad confronta nuevos peligros, uno de ellos es la educación mediocre. Los sectores hegemónicos de la sociedad peruana entendieron la educación como una concesión, como un bien otorgado graciosamente a los ciudadanos, y no como un derecho pleno. Y menos aún como un derecho completo a una educación íntegra de calidad.

Actualmente, la educación universitaria otorgada es, por lo general, de mala calidad. Recientes investigaciones demuestran que la ampliación de la cobertura educativa sin calidad no tiene sentido y más bien va en contra de los más pobres por que no cumple con la movilidad social y mejora que la educación promete, además que un egresado de una universidad mediocre solo contribuye a incrementar las tasas de subempleo profesional o la informalidad (Ricardo Cuenca, IEP, 2015). La educación pública debe servir para que los sectores más debilitados puedan salir de la pobreza. La universidad debe ser de la más alta calidad.

Por eso, bien hace el Sindicato de Docentes Universitarios –SINDUC–, declarado en huelga indefinida, en dirigir parte importante de sus demandas a que las autoridades universitarias cumplan con su deber legal de satisfacer el derecho a una educación de calidad que redima al pueblo de sus cadenas, y que verdaderamente sirva para superar la condición subalterna de los humildes. Este derecho exige una correcta organización administrativa y el cumplimento de las sentencias que así lo mandan.